La lógica como herramienta formal en la asesoría filosófica: dos ejemplos, el caso COVID 19 y la corrupción de Odebrecht en México

 

Resumen

El presente artículo argumenta que la asesoría filosófica es una herramienta formal útil para la sociedad, tanto en el sector público como privado. La asesoría filosófica es un auxilio formal para los comités que toman decisiones, sea de carácter gubernamental, de carácter empresarial o en los comités de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por ello, se argumenta que la asesoría filosófica, mediante la intervención de la lógica y de la ética se puede contribuir a optimizar las decisiones de los comités de las instituciones del Estado. Se proponen dos modelos de razonamientos, el modus ponens y modus tollens que pueden ser utilizados en los comités de toma de decisión que tratan fenómenos concretos: el COVID-19 y la corrupción de Odebrecht en México.

Palabras clave: lógica, ética, filosófica, corrupción, público, privado.

 

Abstract

This article argues that philosophical advice is a formal useful tool for society, both in the public and private sectors. Philosophical counseling is a formal aid for decision-making committees, whether governmental, corporate or within the committees of different civil (society) organizations. For this reason, it is argued that philosophical advice, through the intervention of logic and ethics, can contribute to optimizing the decisions of the committees of State institutions. Two models of reasoning are proposed, the modus ponens and modus Tollens that can be used in the decision-making committees that deal with an specific phenomena: COVID-19 and the corruption of Odebrecht in Mexico.

Keywords: logic, ethics, philosophical, corruption, public,  private.

 

Se plantea dos breves reflexiones en las que podría aplicarse la deliberación interdisciplinaria sobre dos problemas concretos: El COVID 19 y la corrupción de Odebrecht en México. Se indaga desde el punto de vista de la filosofía —en particular desde la ética como reflexión filosófica en torno al ser humano, y la lógica como herramienta que corrige la estructura de los argumentos— mismo que podrá arrojar claridad en la toma de decisiones. Esto tiene como fin resaltar la pertinencia de la participación filosófica con un enfoque lógico-argumentativo. Es una herramienta de análisis que puede ayudar al proceso de contención de la pandemia, así como de la prevención y combate a la corrupción.

 

El objetivo consiste en mostrar que la lógica como disciplina filosófica puede ser utilizada como una herramienta de análisis para la asesoría en comités —sea que pertenezcan al sector público o privado, o a las organizaciones de la sociedad civil—, comisiones o juntas de gobierno que deliberan y toman decisiones de implicaciones e impacto público. Así, la lógica durante el proceso de asesoría se centra en la prevención de la presencia de falacias en la dinámica misma del análisis del consejo, comité o junta; contar con un instrumento de reflexión como éste pone el acento en la pertinencia del enfoque filosófico dentro de los mecanismos de toma de decisiones en el ámbito público. Frans Geraedts asegura que “es importante crear una cultura en que discuta y evalúe los retos morales en el propio seno de la organización, lo que ayuda a establecer cultura de control y apoyo mutuos”.[1] Esta idea es de suma importancia, pues donde se discuten y evalúan los retos morales es ahí en donde existen juntas, comités o consejos asesores para la toma de decisiones que guían y ofrecen soluciones a las problemáticas (internas o externas) a las que se enfrentan dependencias gubernamentales, empresas, organismos descentralizados y ONGs.

 

Por ejemplo, en diferentes situaciones, la lógica como herramienta maestra para el análisis de las razones y de los argumentos construidos para la defensa o rechazo de una postura frente a una problemática, hace posible identificar mecanismos falaces que posibilitan la corrupción, como la falacia de “interés personal” que es una variante de la falacia ad hominem cuando se toman en cuenta las circunstancias.[2] Es decir, cuando el argumento que alguien emite es rechazado por un supuesto conflicto de interés que particularmente le beneficia o afecta a quien emitió originalmente el argumento. Este tipo de reparos hacia argumentos incorrectos, puestos en discusión con libertad y en un ambiente democrático de igualdad de cuestionamiento y reflexión, permiten ejercer la dinámica a la que se ha referido Geraedts, y contribuye en la disminución de procesos opacos y discrecionales en la toma de decisiones de los comités, juntas y consejos asesores.

 

Por tanto, el abordaje se considera desde la ética y la lógica, ambas concebidas como herramientas analíticas en torno suyo. Aunque el acento recae en la lógica, sin que ello signifique dejar de lado algunas consideraciones de corte ético y antropológico. Para sustentar nuestra tesis, planteamos como puntos de partida los siguientes axiomas:

 

Primero, la deliberación en torno a la resolución de problemáticas públicas implica la consideración de múltiples factores contextuales e ideológicos. Segundo, los enunciados asertóricos, que guían cualquier resolución en torno a una problemática pública, hacen posible colocar un valor específico a cada factor involucrado. Tercero, la reflexión individual o colectiva en torno a cualquier problema público por resolver, no está exenta de falacias discursivas y formales en cuanto que no se asume que cada individuo involucrado posea, a priori, un conocimiento pleno de las leyes y reglas lógicas de la inferencia válida.[3]

 

Por ello, se divide el artículo en cuatro tiempos. En el primero se sostiene que la lógica posee leyes y reglas inferenciales que le permite elaborar razonamientos correctos, los cuales se distinguen de los incorrectos que constituyen una falacia. Así, se pasa al segundo apartado donde se menciona cómo se forman las falacias y la necesidad de la lógica para evitarlas. En este caso para ambos apartados, comparten que la lógica obedece al orden del mundo, es decir, que un razonamiento válido y verdadero, necesariamente se corresponde con la realidad, si se quiere usar estos términos. En el tercer apartado se brinda dos ejemplos, la corrupción de Odebrecht en México y el Covid 19 en el mismo país que, aunque son dos fenómenos con diferentes naturalezas. En el cuarto se sostiene que la intervención filosófica participe en los comités decisores de cualquier institución (pública o privada) desde la lógica principalmente, y también desde la ética.

 

Las leyes y reglas inferenciales de la lógica

 

Entiéndase por lógica aquel cuerpo sistemático de afirmaciones, negaciones y relaciones que mantienen entre sí una estructura definida y consistente, misma que puede ser expresada en un lenguaje. En concreto, la lógica se encarga de la inferencia correcta, entendida como ese tipo de relación entre entes afirmados o negados, cuantificados o difusos, que se sigue necesariamente de al menos una proposición dada, en ese sentido, Cisneros señala, en Iniciación a la lógica:

 

[…] es el ejercicio de las posibilidades de relación entre entes que previamente son investigados por la filosofía o por la ciencia. También se afirma que la lógica es una herramienta de análisis de los argumentos o inferencias presentes en otras disciplinas. Se propone entonces que la lógica es una herramienta con la cual se ponen en ejecución las relaciones entre entes; estas relaciones son inferencias que muestran los tipos de “validez argumentativa” que se conocen también como “verdades lógicas”.[4]

 

La validez argumentativa se expresa en leyes y reglas bien definidas. Existen, según el canon más conocido, un aproximado de tres leyes conocidas como clásicas, nueve reglas de inferencia y al menos diez reglas de equivalencia, entre otras. Cualquier manual de introducción a la lógica o artículos de divulgación permiten conocerlas.[5] Cada una expresa un mecanismo de secuencia necesaria y, como tal, confiable; es decir, hacen explícito el seguimiento de pasos obligados entre proposiciones a partir de un enlace consistente y verificable. Los enlaces, en términos generales y reductivos, apelan a la condicional como la más conocida e intuitiva de las inferencias, pero también entran ahí la unión, la disyunción y el bicondicional. En otras palabras, la estructura que muestran las reglas y equivalencias inferenciales es clara, y se colocan, metafóricamente hablando, en el nivel de guías o faros que vierten luz sobre el litoral costero para prevenir cualquier encallamiento marítimo. Es decir, la lógica nos salva de errores en la navegación. Las reglas y equivalencias inferenciales son como herramientas que evitan el error en cualquier procedimiento de reflexión y, por consiguiente, de deliberación.

 

Las principales reglas son nueve, y se caracterizan principalmente por expresar una secuencia implicativa:

 

Nombre Simbolización
       Modus ponens p → q, p ∴ q
         Modus tollens p → q, ¬ q ∴ ¬ p
Silogismo hipotético p → q, q → r ∴ p → r
Silogismo disyuntivo p ∨ q, ¬ q ∴p
Dilema constructivo (p → q) ∧ (r → s), (p ∨ r) ∴ (q ∨ s)
Dilema destructivo (p → q) ∧ (r → s), (¬q ∨ ¬s) ∴ (¬p ∨ ¬r)
Simplificación p ∧ q ∴ p
Conjunción p, q ∴ p ∧ q
Adición p ∴ p ∨ q

 

En el caso del Modus tollens, se da un antecedente, “si p entonces q, pero no es el caso que q. Por lo tanto, no es el caso que p”.

Cuando estas reglas no se toman en cuenta existe el riesgo de incurrir en alguna falacia. Ésta se entiende como un error de procedimiento en la inferencia. No significa falsedad, ni mentira, sino sólo argumento incorrecto. Este defecto ocasiona poca confiabilidad en el resultado o conclusión a la cual se llega después de considerar las relaciones entre las proposiciones que se asumen como verdaderas dentro de un discurso, o un contexto. En épocas contemporáneas su estudio permitió profundizar en sus mecanismos de inferencia incorrecta. Autores como Irving M. Copi y Montserrat Bordes han ahondado en el tema.[6] De entre todas las falacias, queremos hacer hincapié en la falacia de la concreción injustificada (misplaced concreteness), o “aplicación impertinente del concepto”, planteada por Alfred North Whitehead, la cual consiste en acudir equivocadamente al alto grado de abstracción de un concepto para explicar casos del mundo real, en concreto, sin tomar en cuenta la diferencia de niveles cognitivos u ontológicos entre el concepto y su concreción, que, en este caso, lo presentan injustificadamente.

 

This fallacy consists in neglecting the degree of abstraction involved when an actual entity is considered merely so far as it exemplifies certain categories of thought. There are aspects of actualities which are simply ignored so long as we restrict thought to these categories. Thus the success of a philosophy is to be measured by its comparative avoidance of this fallacy, when thought is restricted within its categories.[7]

 

Reconocer la presencia de una falacia, o más, dentro de un proceso de deliberación colectiva, o bien de una reflexión individual, no debe apoyarse en la apelación al sentido común, a la experiencia, o a la intuición —concepto por demás equívoco que puede conducir a su vez, a otra falacia—, sino en el reconocimiento de la estructura interna de la validez inferencial, eje del argumento. Esto supone el conocimiento de causa, que consiste en la posibilidad de identificar la estructura interna del proceso de secuencia o relación suficiente entre, al menos, una premisa y otra que sirve de conclusión.

 

Lógica y Ontología

 

Este trabajo asume que desde una ontología clásica es posible un acercamiento lógico de primer orden —donde suceden inferencias según Gentzen de deducción natural—[8]   toda vez que ésta obedece a una postura categorial conjuntista y, con ello, el establecimiento de proposiciones verdaderas o falsas que permiten el seguimiento de factores bien definidos. El compromiso ontológico que se establece con ello permite suponer que los casos, fenómenos y situaciones de análisis serían analizados bajo los criterios lógicos lineales. Si bien es posible indagar en las posibilidades de un análisis lógico modal, el conjunto de sujetos que conforman un comité o comisión de toma de decisiones deberían estar en condiciones de interpretar dicho lenguaje lógico modal, lo cual no es imposible, pero es poco probable. Por tanto, se vuelve pertinente asumir una postura moderada y concreta, la cual se establece a partir de una lógica clásica de doble valor, verdadero/falso. De ahí que se entienda a la lógica como la composición ordenada de un conjunto de premisas (explícitas o implícitas) y una conclusión que se desprende de ellas. Básicamente, cuando la composición de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión se ha formado una falacia; también sucede que, si se supone una premisa implícita, pero ésta en realidad no existe, se ha formado una falacia. Esto arroja un esquema estructural elemental que podría graficarse como sigue: Debe existir una relación R entre p y q, tal que, pRq implique necesariamente s, en donde s es la conclusión. De tal forma que: pRq → s.

En este punto es necesario señalar cuáles son los criterios para que p y q puedan entrar en una relación R que implique necesariamente la conclusión s, por lo que puede inquirirse, ¿a qué nivel filosófico corresponden dichos criterios? ¿El ontológico, el epistemológico? La respuesta permitirá hacer explícita una lógica de organización que podamos seguir con el propósito explícito de no incurrir en inconsistencia interna, es decir, de no incurrir en falacia.

 

Se asume que la lógica es el estudio de la inferencia correcta a partir de las posibilidades de relación entre entes, es decir, no se debe supeditar las relaciones de los entes (las cosas) a partir del sujeto cognoscente o de su lenguaje, sino a partir de la multiplicidad de los entes mismos; de otra forma incurriríamos en un exceso, como lo llamó Alain Badiou, y que nosotros llamaríamos “falacia lingüística” que no ha sido del todo tipificada en los manuales de lógica. Badiou señala en L’Être et l’événement (El ser y el acontecimiento) que cuando se plantea una existencia a partir de un lenguaje bien hecho –es decir, consistente–, se produce lo que él llama exceso[9] y que significa la posibilidad de que el lenguaje anuncie la existencia de realidades contradictorias, paradójicas (como la paradoja de Russell a partir del análisis que hace de las tesis de Frege). Esto significa que es posible, a partir del procedimiento de deducir entes y sus relaciones a partir de un lenguaje, sin considerar, antes, que la existencia –lo que hay– es la que autoriza a todo lenguaje, y no al revés.

 

Entonces, se trata de acudir directamente al ente en cuanto ente y sus posibilidades de relación. Es decir, no se debe deducir algo de la realidad (que podría ser política, social, económica) a partir de un lenguaje, sino de la realidad misma para deducir de ella un lenguaje que la nombre y muestre sus posibilidades de relación.[10] Desde la filosofía este acercamiento se denomina ontológico, por lo que vale acudir, ahora detenerse en los criterios ontológicos que permiten relacionar p y q, tal que puedan implicar necesariamente una conclusión s. Para ello habrá que acudir al enfoque ontológico, como ya anunciamos, y aquí nos decantamos por la propuesta de Nicolai Hartmann, quien señala, buscando evitar el enfoque de la teoría del conocimiento,[11] que “[…] el ente en cuanto ente se despliega en oposiciones y modos”.[12] Las oposiciones son ser ahí y ser así, mientras que los modos son ser ideal y ser real[13] y, según Hartmann, mantienen un modo de vinculación tal que nos permiten configurar la existencia y sus relaciones posibles, estas oposiciones y modos no pueden implicar un contenido ya dado, sino modelos a priori que permitan acercarse a la realidad tal cual ella es. Si dichos modelos reflejan la realidad observada a partir del trabajo permanente de verificación y validación —según lo entiende Karl Popper respecto a su tesis de la falsación en la ciencia—[14]entonces la obtención de premisas ciertas y confiables permitirán observar el tipo de oposición y modo de relación de los entes que las premisas refieren. Esto evitaría que se apele a formulaciones sobre la realidad a partir de un lenguaje que supone una realidad, sino apelar a la realidad para construir un lenguaje apegado a ella.

 

La respuesta a la pregunta permite destacar que la estructura inconsistente detona la falacia. Asumida como modelo, la inferencia lógica, cuando es válida, supone un plan de acción, tanto para echarla a andar como para verificarla y —si bien es cierto que cualquier ejecución de un procedimiento científico y filosófico está sujeto a la pericia y capacitación profesional y de investigación de quienes lo ponen en marcha— de ahí que los errores e imprecisiones estarán siempre al “acecho”. La validez de un razonamiento cuando ha sido confirmado permite trazar una ruta o camino correcto que cualquier otra persona puede transitar con la seguridad de que su seguimiento al pie de la letra permite el establecimiento de una conclusión, por lo menos suficiente, sino es que necesaria. En este sentido, la estructura de la falacia es aquella que, provisionalmente y a partir de lo dicho hasta ahora, establece una conexión insuficiente, y por tanto innecesaria, entre un conjunto de premisas y lo que se desprende de ellas. Los criterios para que p y q puedan entrar en una relación R que implique necesariamente la conclusión s, se construyen a partir de la confirmación de las posibilidades y factualidades de relación entre los entes involucrados. Esto exige cualquiera de las dos siguientes perspectivas filosóficas de enfoque: un acercamiento ontológico según Nicolai Hartamnn, o un acercamiento hermenéutico-matemático como sugiere Alain Badiou (meta-ontológico). En ninguno de los casos se trata de un acercamiento epistemológico. La razón estriba en que el enfoque epistemológico supone una realidad dada a priori no verificable. En cambio, tanto la apuesta de Hartmann como la estrategia hermenéutica-matemática de Badiou responden a un programa de investigación científico concreto, una relación compleja entre la inducción-deducción, a partir de presupuestos vacíos que recogen la realidad observada-problematizada, sin condicionarla ni moldearla.

 

Identificar una falacia puede ser un asunto de sentido común o de conocimiento de sus tipos, pero esencialmente la identificación de una falacia está en función del reconocimiento de su estructura interna y ello incluye el reconocimiento de la estructura inferencial correcta, es decir válida, así como de los mecanismos para echarla a andar. En otras palabras, señalar una falacia en el discurso, cual sea su dimensión, modalidad y profundidad, o bien, indicar un discurso como falaz, requiere del conocimiento meta-físico u ontológico del conjunto de entes interrelacionados y de la metodología necesaria para validarlos, tanto a los entes según su tipo, como del proceso por medio del cual se les cualifica o cuantifica.

 

Se trata, de un conocimiento específico y concreto propio de quienes adquieren el tipo de competencia profesional que se conoce como lógico-argumentativo; éste se confirma, a su vez, por un conocimiento sobre los procesos metodológicos de investigación, ya que son la puesta en marcha de la lógica y la argumentación mismas. Tanto uno como el otro se sostienen en teorías ontológicas y meta-físicas que explican y hacen explícitas las estructuras relacionales posibles y concretas entre los entes involucrados. Dichos entes pueden ser de cualquier tipo y, en un mundo de entes sociales, económicos o políticos, la habilidad para detectar falacias en un proceso deliberativo, de cabildeo político, o de debate y discusión en el interior de una comisión especializada de alcances públicos, se vuelve crucial. En dichos procesos deliberativos se genera un discurso, una declaratoria, un comunicado oficial con alcances imprevistos, pero de consideraciones ético-políticas bien identificadas según la teoría ética y política conocida.

 

Dos ejemplos de la pertinencia de la asesoría filosófica Covid-19 y la corrupción en el caso Odebrecht en México:

 

COVID 19

 

A partir del 5 de enero de 2020 circula una noticia desde China, que consiste en señalar que desde el 12 de diciembre se han presentado casos de neumonía atípica en la región de Wuhan; los casos no corresponden con la tipificación del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) ni el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada. El 7 de enero se informó que se trataba de una nueva cepa de Coronavirus y el 9 de enero se produce la primera muerte relacionada con el virus. Desde entonces, el número de infectados se ha incrementado, por ejemplo, el 26 de enero se confirman cerca de 2,700 casos; los primeros infectados fuera de China suman ya 50.[15]

 

Para esta fecha, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (SS), en coordinación con el Consejo de Salubridad General (CSG) dependiente de la SS, ya estarían al tanto del caso, y con ello pudieron haber solicitado una reunión con su comisión permanente para la toma de decisiones respecto al nuevo virus. En dicha comisión, además del profesionista con especialidad en bioética, y con amplia experiencia académica en el tema, también debería existir una persona con profesión en filosofía y con una trayectoria reconocida tanto en ética general como en lógica y argumentación.[16] Así que, en compañía de más profesionistas de diversas especialidades, las reuniones de la comisión permanente habrían comenzado a analizar las noticias y los informes oficiales de otros países como China o bien de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de identificar los datos relevantes para la interpretación de la evolución epidémica del virus. Habrían acudido a los protocolos científicos y técnicos pertinentes.

Después de la primera quincena de febrero, cuando Italia y España empezaron a presentar problemas, China, Japón y Corea del Sur habrían implementado protocolos de contención muy específicos, la DGE debería tener ya un primer informe de recomendaciones que deberán turnarse a la Secretaría de Salud y al Ejecutivo Federal. Los datos con los que ya habría contado incluyen:

 

  1. 1,500 fallecidos en el mundo,
  2. El virus es altamente contagioso,
  3. La gente más afectada son adultos mayores y gente con padecimientos crónicos como       diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, entre otros,
  4. Están ya identificados con precisión los síntomas y se sabe que hay personas que no presentan sintomatología,
  5. La tasa de mortalidad oscila entre el 2 % y 2.3 % de la población infectada.

 

Con estos datos, el primer procedimiento implicaría que, el análisis de estos debería haber planteado un panorama general de la situación, como un simulacro, mismo que habría ayudado a ubicar el contexto mexicano dentro del mismo, como si se trata de un mapa o una estructura general, tomando en consideración la cultura y geografía, y sus capacidades de atención a las cantidades de infectados proyectados. Esta visión general, de corte hermenéutico en una primera aproximación, habría arrojado la primera comprensión de la situación para casos hipotéticos de esparcimiento del virus en el país. El proceso de deliberación del comité se habría visto obligado, entonces, a realizar una lectura sanitaria, política y económica del asunto, misma que habría tomado en cuenta múltiples factores a considerar, todo ello interdisciplinariamente. A estas alturas, las autoridades indicadas de analizar políticamente la situación deberían estar ya informadas con documentos amplios y fundamentados, con el objetivo de que ellas empezaran a considerar un conjunto de decisiones políticas, mismas que se deberían haber redactado en un reporte y haberse sometido a una perspectiva ética de análisis por sus propios comités internos (con alguien especialista en filosofía). Esto habría exigido que se colocaran bajo la mesa de la discusión las impresiones y dictámenes del equipo de profesionistas y especialistas de la DGE y de la CSG. En este punto es donde la discusión filosófica (ética y lógica) es imprescindible: ¿Qué paradigmas éticos se deducen a partir de las decisiones sanitarias y políticas, mismas que habrían sido enunciadas por las autoridades involucradas? ¿Existe algún paradigma en común o preponderante en dichas decisiones? Aquella persona especialista en filosofía de la comisión habría expuesto su análisis con el acento explícito en las implicaciones morales y antropológicas de cada paradigma identificado. A partir de dicha orientación, las autoridades con la potestad pertinente deberían tomar decisiones para ser comunicadas públicamente, previa revisión argumentativa y sintáctica de los documentos.

 

En un esfuerzo reflexivo considérese el siguiente panorama a manera de ejemplo. Si en las deliberaciones hechas por los comités, se han identificado dos paradigmas ético-antropológicos en torno a las medidas adoptadas, un paradigma teleológico y otro trascendental, quien fuera especialista en filosofía las haría notar de forma esquemática, al tiempo que expondría las implicaciones que se desprenden de cada paradigma. En el teleológico habría señalado que lo importante (el conjunto de valores a preservar) son los fines en sí mismos, aunque ello no significa despreciar los medios pues en ocasiones los medios son el fin mismo. Las implicaciones por destacar son aquellas que se involucran a partir del siguiente axioma: lo bueno es aquello para cual existe algo; para el caso se traduce en identificar las acciones gubernamentales que garantizarían la ejecución de aquello para cual existe el gobierno, y aquello para cual existe la ciudadanía. El paradigma trascendental apunta hacia el siguiente axioma: las condiciones no relativas que hacen posible una realidad, que para el caso sería gubernamental y ciudadana, sin importar por el momento qué se entienda por gobierno y por ciudadanía, misma que se define por la interpretación de las leyes constitucionales de cada nación. De tal manera que el debate se centraría en determinar el tipo de paradigma más apropiado, de tal forma que, para todo paradigma ético-antropológico x dado, si la acción A expresa el paradigma ético-antropológico x, entonces la acción R expresa el paradigma ético-antropológico x. Para todo caso relacionado con la afectación social, existe un conjunto de acciones y reacciones que garantizan el cuidado de dicha sociedad en virtud de un paradigma ético-antropológico interpretado a partir de las leyes constitucionales y derechos universales. De tal forma que, frente a una epidemia (o pandemia en el caso del Coronavirus), deben existir al menos un conjunto de acciones pertinentes para contener la infección. En primer lugar, estos protocolos son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero siempre debe considerarse que son necesarias algunas operaciones focalizadas según el contexto de cada región y país, mismas que se contemplan en los planes de acción de la misma OMS, pero que cada organismo nacional, estatal y local deben adecuar. El eje principal para las estrategias a implementar se sustenta a partir del modelo básico y rudimentario que aquí se formalizó, y que sirve solamente de ejemplo. A partir de él y considerando todas las variables posibles, la premisa que debe adaptarse como esquema lógico inferencial es la deducción llamada modus ponens, que consiste principalmente en la prevención, es decir, si se previene, entonces se contiene. Es el caso que se ha prevenido; por tanto, se ha contenido.

 

Este enfoque por más simple que pueda parecer permite a quienes forman parte del comité, comisión o junta identificar con simpleza la secuencia argumentativa del asunto. Podría objetarse que el asunto tiene muchas más variables a considerar; sin embargo, a pesar de que aún no existe suficiente información sobre las consecuencias y los modos de contagio precisos de este virus, para los primeros dos meses del año habría sido suficiente para proyectar más posibilidades de interpretación. Por otro lado, la segunda opción de esquema inferencial, aunque no tan recomendada en virtud de que se acerca al modelo de ensayo-error, es la inferencia llamada modus tollens, que se dice así: Si la población se ha contagiado, entonces presentará síntomas. No es el caso que se hayan presentado síntomas, por tanto, no es el caso que la población se ha contagiado.

 

Existe un riesgo en esta segunda inferencia como modelo de contención de la epidemia, y consiste en que las acciones de respuesta se llevarían a cabo hasta que se hubiera confirmado el consecuente, es decir, hasta que se hubieran manifestado los síntomas de infección, esto equivale a actuar según el esquema epistemológico de Karl R. Popper respecto a su propuesta de la falsabilidad, que precisamente tratamos de evitar. Según esto, supóngase que al menos un ciudadano ha sido diagnosticado con la enfermedad en virtud de presentar los síntomas, entonces se llevarían a cabo las acciones preventivas por parte de las autoridades competentes para hacerlas efectivas,[17] pero el brote ya se habría presentado y los contagios serían altamente probables en virtud del periodo asintomático de la enfermedad, de 4 a 14 días. El problema es que, para febrero de 2020, cuando no se cuenta con todos los datos necesarios para controlar la infección, ni a nivel de contención social ni a nivel de cura en los pacientes, estaría dándose un margen de contagio en dichos pacientes asintomáticos o en periodo de incubación del virus. Harían falta variables a considerar, por supuesto, pero entonces, ¿Por qué adoptar la inferencia tollens, cuando puede acudirse a la inferencia ponens?

 

La razón es que una estrategia de control a partir del modus ponens supondría acciones de prevención, y las más obvias son el cierre total de las fronteras; pero el sistema económico de ningún país puede sostenerse en total aislamiento sin sufrir pérdidas; la desestabilización social sería cuestión de tiempo. Entonces la inferencia modus tollens es la más viable para el sostenimiento de los sistemas económicos, que iniciarían con prevenciones moderadas hasta identificar casos de infección que afectaran directamente su funcionamiento (el del sistema económico). Sin embargo, no sucede así con el individuo. Éste puede llevar a cabo acciones de prevención con mucha mayor fuerza a partir de las recomendaciones de la OMS y el Ministerio o Secretaría de Salud de cada país: distancia y reclusión en casa, tener higiene en manos y no tocarse la cara si no se han limpiado las manos.

 

Ahora bien, supóngase que la DGE ha tomado la decisión de seguir el paradigma ético-antropológico trascendental, ya mencionado unos párrafos arriba, y que se ha emprendido un informe a las autoridades superiores de iniciar las medidas de prevención moderadas de tipo ponens y otras del tipo tollens para lo general. ¿Qué sigue? La redacción de un informe; pero éste debe contener claridad argumentativa, más allá de la claridad sintáctica y semántica en la que pueden apoyar profesionistas de las letras y de la comunicación. La claridad argumentativa estaría a cargo del profesionista en filosofía, capaz de prevenir falacias en virtud de su conocimiento y pericia (expertise) de la argumentación lógicamente válida. Hasta ese momento entre enero y febrero de 2020, la reflexión filosófica llevada a cabo habría tomado en consideración el estatus ontológico y epistemológico de la situación; estas miradas filosóficas son necesarias si lo que se busca es garantizar que el nivel de interpretación hecha de los datos y del fenómeno de la epidemia en general coinciden conceptualmente con las estrategias de análisis y con el marco teórico específico del informe preparado interdisciplinariamente. Debe aclararse que los protocolos recomendados por la OMS, así como el equipo especializado en epidemiología es la principal perspectiva de análisis y decisión, y lo que aquí se ha señalado consiste en que, una observación atenta y rigurosa e interdisciplinaria permitiría considerar todas y cada una de las alternativas e implicaciones posibles en el seguimiento de la estrategia tomada. En este punto, una declaratoria oficial por parte del Gobierno dirigida hacia el personal de medicina es obligada, y para el caso que nos ocupa respecto al COVID-19, se redactó un documento llamado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, mismo que fue cuestionado por algunos especialistas e instituciones,[18] puesto que, según ellos, la guía puede ocasionar un atentado contra los derechos humanos.[19] El documento fue defendido por el mismo CSG al que denominó proyecto; sin embargo, anunció que lo sometería a revisión y votación. [20]

 

El documento fue elaborado por un equipo multidisciplinarios entre los que se incluyen profesionistas de la filosofía, como lo aseguró José Ignacio Santos Preciado, secretario del CGS, “La guía se ha elaborado con grupos multidisciplinarios como son filósofos, doctores, médicos, abogados, psicólogos, genetistas y en general otros profesionistas de la salud”.[21] La importancia de esta guía de Bioética elaborada por el Consejo de Salubridad es que como bien señala el Subsecretario Hugo López-Gatell:

 

Y creo que hizo bien el Consejo, aunque fue muy controversial, en tener una preparación formal por si hubiéramos llegado a un evento como ese, tener que decidir a quién intubo y a quien no, más vale llegar con reglas claras, porque si no se improvisa en cada hospital, en cada turno y se vuelve un desastre. Afortunadamente no hemos tenido que tomar esa decisión porque no llegamos a esos extremos. [22]

 

La importancia de esta guía es que fue una herramienta formal disponible para utilizarla en caso de emergencia, misma que es perfectible por los especialistas en lógica y ética. De ahí, la justificación de su intervención. Cabe aclarar que quienes participaron en la elaboración de dicho documento, se distinguen por su especialidad en bioética, pero no en lógica y argumentación.  Pero no todos los miembros del Consejo participaron; en opinión de Paulina Rivero Weber, la Guía “no obtuvo el consenso del colegio y fue firmada sólo por algunos de sus miembros”, al tiempo que explica las razones por las cuales ella no suscribió dicho documento, apuntando que tendrían más utilidad para el personal médico algunos “lineamientos generales que apoyaran sus decisiones en caso necesario”[23] además, hay otras formas racionales y humanistas para deliberar: considerar el deseo de vivir o su ausencia en el paciente; diagnosticar en un acto clínico el estado anímico y emocional del enfermo: un paciente deprimido tendrá menos posibilidades de salir adelante que uno dispuesto a lograrlo; considerar cuál paciente tiene dependientes económicos que, sin su presencia, quedarían desprotegidos, y hasta tomar en cuenta cuál paciente tiene quien le cuide al salir del hospital para no recaer. Finalmente, médicos[24] intensivistas insisten en que en el momento de tomar este tipo de decisiones no hay tiempo para comités, como lo propone la guía: se tienen sólo segundos para salvar una vida.

 

En este trabajo no se juzga a la Guía, aquí se apunta a la pertinencia de especialistas en ética[25] y en lógica en la intervención en los comités de decisiones, sean públicos o privados, pues la intervención filosófica permite plantear un problema de forma plausible, y puede corregir incluso la propuesta del comité, lo que incidiría en que las propuestas del comité tuvieran un sólido sustento. Los especialistas en ética proporcionan un panorama completo de los paradigmas implicados, y los expertos en lógica dan un análisis argumentativo de los razonamientos dialogados y de la claridad del documento.

 

La Guía se publicó, y a pesar de las críticas a la misma, en este punto la tercera etapa de la asesoría se debería llevar a cabo, pero ya no ejercida por la Secretaría de Salud a través de sus organismos, sino por los grupos y comisiones administrativas y de comunicación e imagen del Gobierno. Dicho análisis se centraría en las reacciones públicas a partir del comunicado. En esta etapa la reflexión consiste en respaldar las decisiones científicas de la DGE, al tiempo que se coloca sobre la balanza la opinión pública, empresarial y de los diversos sectores organizados de la sociedad civil. Aunque la asesoría filosófica no cumpla aquí un papel determinante de voto ni decisión, quien asesore desde la ética y la lógica sí deberá advertir y poner sobre la mesa el debate de los paradigmas ético-antropológicos que estarían en juego, y contrastarlos con los adoptados por el dictamen de la DGE y del propio gobierno. Este tipo de contraste y triangulación de situaciones permitiría emitir una respuesta en concreto, no a partir de la intuición política de quienes gobiernan, sino de la ponderación de situaciones y escenarios posibles de forma interdisciplinaria, sustentado por los profesionales en cada área pertinente. Cualquiera que sea la resolución, la asesoría filosófica debería concentrarse en la argumentación (lógica) de los comunicados oficiales, previniendo posibles falacias y ambigüedades en el discurso.

 

La corrupción de Odebrecht en México

 

El caso de Odebrecht es un problema de corrupción internacional que se implantó en México con los casos de la refinería Miguel Hidalgo Tula, la refinería de Salamanca, la de Minatitlán, y el caso del Gasoducto los Ramones II norte. El problema es que 23 de diciembre de 2016 en un tribunal de Estados Unidos. Altos directivos de Odebrecht pagaron sobornos a una gran cantidad de funcionarios de PEMEX del 2010 al 2014,[26] es decir, a finales del gobierno de Felipe Calderón y en los inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto.[27] No obstante, en Brasil, país de origen de Odebrecht, desde el 2014 ya era público que la constructora transnacional había cometido el delito de corrupción incluso en África.[28] Además, desde el 2008 la policía Federal de Brasil seguía los pasos de la constructora Camargo Correa donde se lograron obtener evidencias de que la constructora Odebrecht lideraba operaciones corruptas en otros países.[29]

 

En el caso de la reconfiguración de la Refinería de Tula, la corrupción consistió en que desde el 2014 fue asignada de forma directa la licitación a Braskem, una empresa offshore de Odebrecht. Las investigaciones mencionan que tras dicha asignación fueron realizados varios sobornos, además de ser aprobado un presupuesto que fue inflado con un sobrecosto del 61%, esto quiere decir que el gobierno mexicano pagó 61% más por la obra de lo que sería su presupuesto original. Además del pago de sobornos y del sobrecosto de la refinería, el fenómeno de Odebrecht es más complejo que el simple intercambio de beneficios ilegales entre “empresarios” y funcionarios públicos.[30] Por lo siguiente.

 

Obdebrecht pese que es una empresa que practicaba una ética de trabajo cuyos antecedentes se atribuye a Martín Lutero, pero que en realidad Noberto Odebrecht desarrolló en su libro Sobrevivir, crecer y perpetuar, donde postula los principios bajo los cuales se tiene que construir la vida ética y organizacional de la empresa. En dichos principios lo notorio es que la “corrupción no es aceptable”.[31]

 

El caso de corrupción en México de Odebrecht, es un elemento de un conjunto de corrupción transnacional, que señala una lógica en la que una empresa corrompe a altos funcionarios públicos, antes y durante su gestión pública con el fin de obtener contratos, licitaciones con un exorbitante sobre costo, como dice Irma Sandoval: “la corrupción se basa en un  sistema de dominación vertical e impunidad estructural que convirtió al problema Odebrecht en uno político, en tanto existen tensiones entre el Estado y “el mercado”.[32] El modelo de corrupción que empleó, no sólo en México, sino en otros países tiene que ver con que Odebrecht se especializó en cometer el ilícito de corrupción. Una de las estrategias de corrupción de Odebrecht consistió en patrocinar campañas políticas de los distintos actores, con el fin de que cuando llegaran a tomar el poder, ellos les facilitaran la adjudicación de contratos con sobrecostos.

 

Aun llegando al poder los patrocinados por Odebrecht, la constructora transnacional daba “regalos” a las personas, en la mayoría de los casos, funcionarios públicos que eran los indicados para lograr su objetivo. O bien patrocinaban ilegalmente candidatos a un puesto fundamental del gobierno mexicano, cuya posición obtenida fuera útil para asignar licitaciones.

 

Entonces, además del perjuicio al erario de la nación, Odebrecht, aunque es una “empresa” colectiva y con varios actores y subordinados, expresa el interés particular de un individuo moral que atentan contra el interés público, por lo cual, no solamente al “donar dinero de forma ilícita a los candidatos de su elección” daña, además del tejido ético, el tejido político de los países donde recurre a dichas prácticas.

 

Por lo que la corrupción de Odebrecht en México puede ser objeto de la consultoría filosófica desde tres disciplinas, sea desde la ética, la lógica y la filosofía política. El caso de Odebrecht denota un problema profundo con al menos tres variantes: ética de la función pública y ética ciudadana, un problema político en la tensión Estado y “mercado”, que puede plantear varías soluciones.[33] En este trabajo se sostiene que la consultoría filosófica, en lógica y ética puede intervenir de forma exitosa en los comités que tienen como objetivo combatir la corrupción, sin dejar de lado el trabajo interdisciplinario.

 

Provisionalmente se puede sugerir que la intervención filosófica opere desde las instituciones que tienen como objetivo salvaguardar la función pública. Por ejemplo, la SFP “tiene un rol fundamental en la erradicación de la corrupción de la vida pública nacional”,[34] es decir, que uno de sus principales objetivos es erradicar la corrupción de los servidores públicos.  Para ello se implementó un Comité de Ética que tiene como punto arquimédico un código de ética que tiene que implementarse en los diferentes sectores del sector público. Pero entonces, no es lo mismo un “código de ética” que una reflexión ética apoyada por la lógica, y que tenga como finalidad el contribuir al combate a la corrupción.

 

Entonces, la intervención filosófica tendría como actividad primordial reflexionar en torno al problema de la corrupción que plantean los diferentes contextos nacionales y los problemas propios de cada institución de relevancia “Estatal” y lo podría hacer, por lo menos desde la ética, desde la lógica y desde la filosofía política.[35] En la SFP, y la ASF puede integrarse comisiones interdisciplinarias para resolver el problema de la corrupción. En particular la intervención filosófica tendría que identificar el paradigma desde el cual puede intervenir. Como bien señala Cisneros Arellano se puede partir desde una noción del bien común y partir éste se puede articular en consonancia con las leyes propias del país una visión ética ciudadana que pueda ser corregida por la lógica.

 

La intervención filosófica a partir de la ética podría proponer el paradigma desde el que se combate la corrupción. Éste podría obedecer al bien común a partir del cual se congrega la comunidad política, en este caso la mexicana como Estado. A partir de dicho paradigma se puede elaborar una ética ciudadana. Se tiene que mesurar la herida que produce la corrupción en el bien público. En este caso las obras que son de interés público son primordiales para el bien de todos. Entonces, las políticas deben de estar dirigidas hacia la preservación del bien común. Es decir, como se había dicho anteriormente: Para todo caso relacionado con la afectación social, existe un conjunto de acciones y reacciones que garantizan el cuidado de dicha sociedad en virtud de un paradigma ético-político interpretado a partir de las leyes de la inferencia lógica, las leyes constitucionales y derechos universales.

 

El daño de la corrupción podría entenderse como un daño directo al bien común y que desarticula la relación política al herir la ética ciudadana. Por ello, es necesario recurrir al modelo ponens que se había descrito en el problema COVID 19, porque es del carácter preventivo y contencioso de la corrupción

 

Mientras que actualmente frente al fenómeno de la corrupción se aplica el modelo tollens que hace referencia a la prueba y error. Pese a los avances, la corrupción no ha sido erradicada ni controlada. Entonces, en este punto quizá sea productivo proponer un cambio de paradigma que sea acorde tanto con una ética ciudadana y que sea planteado coherentemente mediante la “lógica” y sea acorde con la Constitución (CPEUM). Una vez realizado esto se puede plantear el esquema ponens de prevención de la corrupción. Para dicho fin, tendría que existir la integración de profesionales de la asesoría filosófica especialistas en lógica, ética y filosofía política.  Que podrían ir a la zaga de los posibles replanteamientos. Entre ellos quedarían como parte de su agenda de discusión las reglas de la relación entre las instituciones del Estado mexicano y las empresas, los diferentes sectores de la sociedad mexicana deben de estar dirigidas a preservar al bien común.

 

En  forma de ejemplo: a partir del caso particular de Odebrecht, a partir de un nuevo paradigma se podría plantear bajo el modelo ponens lo siguiente: a) que  toda empresa que plantee una relación con las instituciones del Estado mexicano den  muestra de su integridad ética, b) Las instituciones públicas en las licitaciones podrían solicitar información en cooperación internacional para saber si se le investiga por algún delito que se relacione con la corrupción en los lugares que ha realizado proyectos en el ámbito gubernamental o privado.

 

El especialista en lógica podrá establecer los argumentos necesarios para evitar cometer falacias cuando se trata de establecer un argumento de forma válida. Por ejemplo. Odebrecht era investigada en su país de origen desde 2008, e incluso era investigada en otras latitudes del mundo. Si bien, una investigación no puede establecer la culpabilidad por sí misma, sino que es trabajo de un juez establecer quien es culpable.[36] Sin embargo, si hay elementos para pensar que existe la posibilidad de que dicha empresa cometa el delito de corrupción, el especialista en lógica puede establecer razonamientos válidos de carácter deductivo como inductivo para prevenir la corrupción (como lo sería el razonamiento Tollens, Ponens y los silogismos categóricos).

 

En el ámbito interdisciplinario puede intervenir el especialista en lógica en la corrección del cuerpo de planteamientos que pudieran solventar el problema de corrupción. Por ejemplo, en la redacción de leyes a cargo de especialistas en el tema, tengan como principal fin el prevenir el acto de corrupción. Lo importante es que el especialista en lógica pueda realizar un razonamiento inductivo de forma correcta, por ejemplo, si Odebrecht ha sido una empresa corrupta, entonces, existe la probabilidad que vuelva cometer actos corruptos en nuestro país y se previene bajo un modelo ponens.

 

Por lo que los comités decisores tendrán que proponer soluciones en función de esa probabilidad. El caso de Odebrecht plantea un problema de corrupción frente al cual es importante la intervención filosófica, pues podría aportar a los comités que toman decisiones desde la lógica y la ética. En tanto que la corrupción es un problema que afecta al Estado, al pueblo y las diferentes organizaciones sociales, sean mercantiles o de otra naturaleza como las ONG,[37] el asesoramiento filosófico resulta indispensable como herramienta formal para que se planteen soluciones coherentes y plausibles.

 

La asesoría Filosófica

 

La asesoría estaría dirigida, entonces, para cualquier comité de atención pública, pues, en asuntos de carácter público son fenómenos de interés general y la sociedad debe contar con el apoyo de especialistas que, según la licencia que han obtenido, pueden contribuir al análisis, resolución y aportar una visión crítica de los problemas públicos.

 

En este punto, es importante señalar que lo argumentado en este artículo constituye una reflexión en torno a la importancia de la asesoría filosófica para los grupos y comités de trabajo que involucren un servicio público, sea de Gobierno (GOB) o de la iniciativa privada (IP), o las diferentes organizaciones del sector civil (ONG). Ninguna asesoría tiene voto en la toma de una decisión, pero sí puede aportar consejo y dar razones dignas de considerar para cualquier proceso deliberativo. El meollo del asunto aquí radica en que la naturaleza de los problemas y de las situaciones sociales son complejos y no poseen una sola cara, o un solo hilo conductor que permita presentarlo o desanudarlo, según el caso, a partir de una sola forma, una sola disciplina o profesión. Es decir, y retornando al caso de la pandemia del COVID 19, ningún criterio por separado —ni la salud, ni la economía, ni el religioso, ni el político, etc.— es el único que debe considerarse para enfrentarla. Si bien estos criterios han sido tomados en cuenta por todos los gobiernos y empresas que han sido afectados por la pandemia, existen en el fondo de sus dimensiones, y de la articulación que entre ellos es posible entablar, paradigmas ético-antropológicos que guían las decisiones, pero suelen pasar desapercibidos debido a que quienes suelen tomar las decisiones no son especialistas en filosofía (en particular en ética y en lógica). Ningún profesionista en salud, en economía o en política, por mencionar sólo algunos en relación con la pandemia, poseen la pericia ni la licencia pertinente para el reconocimiento preciso y validado de los paradigmas ético-antropológicos implícitos, ni para el reconocimiento de las falacias argumentativas que pueden generarse en un documento oficial o comunicado en torno a las decisiones asumidas. La licenciatura en filosofía, como licenciatura, es una declaración explícita que hace la autoridad educativa, así como la laboral, de que quien la cursa posee los conocimientos necesarios para identificar las perspectivas éticas-antropológicas y las formas argumentativas válidas; las licenciaturas en filosofía conllevan, en virtud de las disciplinas que incluye y que desarrolla en sus planes de estudio, un conjunto de conocimientos probados y confiables respecto a la ética y su importancia antropológica, así como a la lógica y la argumentación.

 

Puede colegirse que la preparación en lógica y en ética son dos de sus principales características y, si bien en otras disciplinas profesionales como la abogacía, la matemática y la programación cibernética abordan algunos conocimientos de lógica, así como en la misma abogacía y la medicina se observan otros tantos respecto a la ética, ninguna de ellas se especializa en ambas ramas, pues el conocimiento de estas otras profesiones, sobre estas dos disciplinas de la filosofía, es básico e introductorio; a lo mucho, la abogacía y la medicina conocen los aspectos técnicos y conceptuales de la lógica y la ética, pero no ahondan en sus fundamentos y criterios ontológico-epistemológicos. Esto no significa echar por tierra el conocimiento en ética y en lógica que puedan ofrecer, sino que permite ubicar con mayor pertinencia el aporte que la profesión de filosofía –que sí las aborda en su totalidad– puede hacer. En pocas palabras, la licenciatura es el aval para el ejercicio profesional de ciertos conocimientos, en este caso, de conocimientos éticos, políticos, y lógicos indispensables para la toma de decisiones de orden público.

 

Tampoco se trata de sostener que la lógica sea la respuesta a una problemática, es sólo una herramienta formal que da validez y confiabilidad a los análisis de cualquier problemática. Además, es uno de los ejes propios de cualquier método de investigación, lo cual permite tomar en consideración los enlaces válidos entre un objeto de estudio y el método para su estudio. La lógica también hace posible construir argumentos sólidos y reconocer falacias dentro de un proceso deliberativo, lo cual contribuye a la detección temprana de inconsistencias internas al discurso que sostiene la decisión final, expresada comúnmente en documentos oficiales con carácter público.

 

La profesión en filosofía ofrece un cuerpo de conocimientos éticos y lógicos que son pertinentes para cualquier deliberación en la toma de decisiones. Si estas deliberaciones son en torno a un problema público y llevadas a cabo por un comité o consejo interdisciplinario, la asesoría filosófica puede brindar las herramientas formales y las perspectivas necesarias para prevenir falacias en el mismo proceso deliberativo, así como en el comunicado público que informe la resolución de dicha deliberación. Además de aportar las perspectivas ético-antropológicas involucradas, la lógica permite organizar las razones y proporcionar los enlaces válidos entre ellas, con el objetivo de generar un discurso estructurado y validado por formas inferenciales científicas y confiables. Las universidades que cuentan entre sus programas de estudio a la licenciatura en filosofía pueden contribuir con dichos profesionistas, y los posgrados profundizar sus conocimientos en la lógica y en la ética.

 

Por ejemplo, el estudio del caso de Odebrecht en México en su mayoría tiene que ver con la institución perteneciente al Estado mexicano de PEMEX. La corrupción consistió en que mediante una instancia especializada en sobornos de una persona moral (Odebrecht) realizó pagos ilegales a diferentes funcionarios públicos claves y regalos exorbitantes —o mediante el depósito de dinero a la campaña presidencial del PRI, puesto que consideraban que algún sector vencedor de dicho partido sería clave en la asignación de licitaciones— buscaban obtener licitaciones que terminaban teniendo un costo de hasta 65% más al presupuesto original. En este caso, se vislumbra que se corrompieron tres campos fundamentales, uno de carácter político, el de la relación entre las instituciones del Estado y el mercado; otro de carácter ético que se subdivide en dos: la ética de los funcionarios públicos y la ética de los empresarios, pero que se une por una ética ciudadana. Por último, el efecto ideológico sobre la población de que el acto de corrupción es un medio de enriquecerse que, aunque ilícito, forma parte de la cultura de los mexicanos.  La intervención filosófica plantea que desde tres disciplinas se puede intervenir: La ética, en la lógica y la filosofía política, aunque cabe aclarar que aquí nos centramos en las dos primeras. Se pretende que el asesoramiento filosófico sea una herramienta formal útil para el Estado, el sector privado, y las diferentes organizaciones del sector civil que tiene como objetivo ayudar en las tomas de decisiones.

 

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Notas
[1] Cfr., Sebastiaan, Faber, Filósofos contra la corrupción: «Tener un Estado decente es un derecho humano central», ed. cit.
[2] Cfr., Irving, Copi, et. tal, Introducción a la lógica, ed. cit., p 162.
[3] Tampoco se asume que conozca los paradigmas ético-antropológicos implicados en las problemáticas estudiadas y en las resoluciones llevadas a cabo durante la deliberación sobre dichas problemáticas.
[4] José Luis Cisneros Arellano, Iniciación a la lógica, ed. cit. p. 8.
[5] Cfr., Anthony Weston, Las claves de la argumentación. ed. cit.
[6] Cfr., Monserrat, Bordes, Las trampas de circe: falacias lógicas, y argumentación informal, ed. cit, pp. 129-251
[7] Alfred North Whitehead, Process and Reality. An Essay in Cosmology, ed. cit.  pp. 7-8.
[8] Cfr., Gladys Palau, Introducción filosófica a las lógicas no clásicas, ed. cit., p. 30.
[9] Cfr., Alain Badiou, L’Être et l’événément, ed. cit., pp. 57-58.
[10] También, esto supondría incorporar los estudios que han realizado las Ciencias Sociales y las Humanidades porque ellas ya conciben de un modo específico los problemas de la realidad a la que se refiere el presente escrito.
[11] Cfr., Nicolai Hartmann, Ontología I, ed. cit., p. 57.
[12] Ibid., p. 102.
[13] Cfr., Idem.
[14] Cfr., Karl Popper, La lógica de la investigación científica, ed. cit., p.30-60.
[15] Cfr., “Cronología del Coronavirus: evolución de la pandemia”, anur. ed. cit.
[16] Otra variante por considerar incluso sería la intervención del especialista en filosofía política, en tanto que la epidemia lleva a concebir problema de Covid-19 como uno de salud pública, por lo cual es necesaria la intervención de las instituciones del gobierno mexicano.
[17] Se puede encontrar una visión filosófica de la epidemiología, en José Banegas et. al., “Popper y el problema de la inducción en epidemiología” ed. cit., pp. 327-339.
[18] Cfr. Diana Lastiri et al. “Ambiguo plan que prioriza a jóvenes con coronavirus; puede violar derechos”, ed. cit.
[19] Cfr., Gloria, Díaz L. “Discriminatoria e ilegal, Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina crítica”, ed. cit.
[20] Cfr.,  Ernesto, Álvarez, “Consejo de Salubridad General que guía de triaje “está sustentada jurídicamente y es ética”. ed. cit.
[21] José Ignacio Santos Preciado, “¿En qué consiste la Guía Bioética para salvar a pacientes con covid-19?” ed. cit.
[22] Hugo López-Gatell, “No tenemos camas en los parques”, ed. cit.
[23] Paulina Rivero “La guía bioética”, ed. cit.
[24] Idem.
[25] Contrario a lo que podría pensarse, conocer de bioética no implica conocer todos los paradigmas éticos que el estudio especializado en ética pura puede dar.
[26] Kenyi Martínez, “Dinero, poder y política: financiamiento electoral como clave en la influencia de Odebrecht en Perú y México”, ed. cit.
[27] Por el momento se considera crucial las declaraciones del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin. La revista Proceso sostiene que accedió a la declaración de Emilio Lozoya Austin y en la cual aparecen como cómplices “Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, dos expresidentes y un exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores” ( José Gil Olmos, “Caso Lozoya: una maraña de nombres y filtraciones que apuntan alto” Sería muy buen material el tener acceso a las declaraciones de Emilio Lozoya tanto las realizadas en México como en España, pues permitirían comprender el fenómeno de la corrupción con una perspectiva más amplia.
[28] Kenyi Martínez, Op. cit., ed. cit, p. 4.
[29] Sergio Morales, “De Sobornos a corrupción internacional: el caso Odebrecht”, p. 1.
[30] Irma Sandoval, afirma que la corrupción es un problema de dominación e impunidad estructural que no es monocausal, y por lo ende complejo. La corrupción es un problema institucional y político de hecho “Los problemas más graves de la corrupción surgen de la captura del Estado por parte de intereses económicos rentistas (Cfr. Joel Hellman y  Daniel Kaufmann, La captura del Estado en las economías en transición), y de la estructura política piramidal sobre la que funciona la corrupción institucionalizada y a través de la cual los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y organizacionales. En otras palabras, los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él (Irma Sandoval, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre estado, mercado y sociedad, p. 129.)
[31] The economist,”Principles And Values; Odebrecht”.
[32] Irma Sandoval, “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana”, ed. cit. p. 121.
[33] Por ejemplo, hay quien propone que con el fin de contribuir el combate a la corrupción se debería implementar la materia de ética en todas las carreras universitarias de su país. Cfr.  Alberto Vanegas”, «Ética de lo público: formar para la integridad humana y profesional en el contexto de la educación superior en Colombia», ed. cit.
[34] Secretaría de la Función Pública, “¿Qué hacemos?”, ed. cit.
[35] José Luis Arellano Cisneros propone que: la pertinencia de que toda oficina gubernamental o partidista cuenten con el apoyo de un comité, en donde un profesional de la ética y la lógica (un filósofo) tome parte del debate y las reflexiones internas, lo cual permitiría generar la apertura necesaria para identificar y valorar las nociones de bondad y bien público, acompañados con la argumentación correcta. (Iniciación a la lógica, ed. cit. p.110)
[36] Se puede usar el razonamiento Tollens, porque aquí ya hay datos de corrupción cometida por algunas empresas, lo cual es posible que sea cometida por otras empresas. Entonces, se pueden adoptar medidas anticorrupción en función de lo que ya ha sucedido.
[37] El problema de la corrupción también se vuelve un problema político y por ello, los especialistas en filosofía política podrían intervenir.

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